Atendiendo a fuentes del Ministerio del Interior y recogidas por el diario el País:
Las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil tenían el pasado 31 de octubre un déficit de 20.800 agentes. De los 163.491 miembros que debía haber solo hay activos 142.691, incluidos alumnos en prácticas. Es decir, un 13% menos. Las provincias de Girona y Lleida, donde más apoyos recaba el independentismo catalán, no llegan a cubrir más del 30% de las plazas de policía. Gipuzkoa es la provincia con menor presencia de guardias civiles.
En la provincia de Lleida, la plantilla de policías nacionales está fijada en 211 agentes. Sin embargo, actualmente solo están cubiertas 136. Faltan 75 policías, un 35,5% del total. Con la Guardia civil pasa algo similar, aunque no tan acusado. De los 524 efectivos que debería haber trabajando en esta provincia, solo hay 417. Es decir, un 20% menos.
El desequilibrio es desigual tanto por cuerpos policiales como por provincias. Es más acusado en la Policía Nacional, donde la brecha entre el número de agentes que debería haber y el que realmente existe es del 17,1%. Solo están cubiertas 64.763 plazas de los 78.137 existentes. Faltan más de 13.000 agentes. En la Guardia Civil, el déficit es menor. Se necesitarían 7.426 agentes para llegar a los 85.354 que fija el escalafón del cuerpo, un 8,7%.
Para los sindicatos de la policía y las asociaciones de la Guardia Civil esta carencia de personal tiene su origen en las reducidas ofertas de empleo público realizadas por el Gobierno del PP durante la crisis y que hizo que hasta 2015 se mantuviera por debajo de las mil las plazas ofertadas cada año. “Es necesario establecer una tasa de reposición fija por encima de los vaivenes políticos y económicos. España no se puede permitir recortar en seguridad”, afirma Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo. En el mismo sentido se manifiesta Juan Fernández, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC): “Durante años nos hemos quedado muy lejos de cubrir las plazas de aquellos que se jubilaban”. El vicepresidente de la Unión de Oficiales (UO), Javier Montes, habla de “la necesidad urgente de reorganizar todo el despliegue de efectivos para minimizar los efectos de este déficit”.
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