Unidad policial operativa especializada en la lucha contra la inmigración clandestina y el control de fronteras, reforzando, en momentos puntuales, a las unidades territoriales, y muy especialmente a los Puestos fronterizos, ante situaciones de gran demanda de los servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre.
Los avances y mejoras en la lucha contra cualquier tipo de delincuencia, unidos al trabajo eficaz y comprometido de las fuerzas de seguridad del Estado, las policías autonómicas y los cuerpos locales, permitieron que en 2016 la criminalidad bajara un 1,2 por ciento, y que España no superara las 300 muertes violentas (fueron 292) por primera vez en más de una década.
Igualmente, los muy positivos resultados que arroja el balance de criminalidad del año pasado se traducen en que España en el segundo país de la Unión Europea con menos asesinatos por cada 100.000 habitantes, con una tasa del 0,63.
Advertidos errores en el Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de 1 de abril de 2017, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 25267 en la nota (m), primera y segunda líneas, donde dice: «De las 18 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 29 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería se reservarán 6 y 15, respectivamente, en las condiciones…», debe decir: «De las 21 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 26 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería se reservarán 6 y 12, respectivamente, en las condiciones…».
En la misma página en la nota (n), primera y segunda líneas, donde dice: «De las 4 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 10 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería se reservarán 2 y 6, respectivamente, en las condiciones…», debe decir: «De las 7 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 7 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería se reservarán 2 y 3, respectivamente, en las condiciones…».
España se ha convertido en un referente internacional en la publicación de datos estadísticos sobre los llamados delitos de odio, que son aquellos que definen una conducta que presenta, como factor significativo y común, la presencia de un elemento motivador: el odio y la discriminación.
Como pone de manifiesto el Informe Anual de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, España se ha situado en estos años como uno de los cinco primeros países que mejor recogen los datos para el registro de estos delitos.
Pero de nada serviría esto si no se compatibilizara con una estrategia encaminada a combatirlos para eliminarlos. Desde 2014, existe un Protocolo de Actuación mediante el cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden dotar a fiscales y jueces de los suficientes indicios racionales de criminalidad que permitan formular cargos de imputación, y en su caso, condenas ante los delitos de odio.
Dicho protocolo facilita el reconocimiento de estos hechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la correcta recogida y documentación de los mismos, al tiempo que permite mejorar y ofrecer una mayor protección a las víctimas de estos actos.
Pero esto no es suficiente, así que el siguiente paso en el que ya estamos trabajando y que entrará en funcionamiento en los próximos meses es la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio, que actuará como enlace permanente entre los colectivos de víctimas y las Fuerzas de Seguridad y además coordinará la formación continua de éstas.
La positiva tendencia que nos ofrecen estos datos nos congratula, pero desde el Ministerio del Interior no nos conformamos, por lo que queremos profundizar en esta línea de mejora de la seguridad de nuestros ciudadanos. Especialmente en lo que concierne a la protección de los grupos más vulnerables, otra de nuestras prioridades.
En este ámbito cobran especial relevancia las acciones desarrolladas y la renovación de los planes y programas de actuación que buscan educar, concienciar y prevenir para desterrar las agresiones, insultos o acoso a grupos minoritarios o especialmente vulnerables.
Así, el “Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos” aborda charlas y actividades en los centros escolares, con alumnos y con el conjunto de la comunidad educativa, acerca de la problemática de la intolerancia y la discriminación por razón de sexo y orientación sexual.
